Las Administraciones Públicas -excluyendo juzgados y tribunales-, así como buena parte de las empresas, organizaciones y entidades que traten datos personales, tendrán la obligación de designar un DPO (del inglés, Data Protection Officer).
Esta figura tendrá la función, por un lado, de informar y asesorar a la entidad y a sus empleados de sus obligaciones con respecto a la normativa de protección de datos, así como de elaborar los protocolos de asignación de responsabilidades y de formación en esta materia, velando regularmente por su cumplimiento; por otro, será el encargado de responder a las solicitudes de información de los titulares de los datos y de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cooperando con ella en relación con cualquier requerimiento que le plantee.
Tareas de consultoría y abogacía integral para el cumplimiento de la RGPD y de la LOPDGDD de empresas que permanentemente traten datos personales y que, para cumplir adecuadamente con la normativa, necesiten asesoramiento completo, integral y especializado sobre esta materia.
La nueva normativa impone el cumplimiento proactivo de las obligaciones que las empresas tienen en materia de protección de datos. Este cumplimiento proactivo podrá conllevar, entre otras cosas, la necesidad de realizar auditorías periódicas que permitan determinar el grado de cumplimiento de esta regulación.
Para ello, se deberán revisar las medidas técnicas y organizativas existentes en la organización para garantizar la seguridad de los datos personales de las personas afectadas, además de revisar si se están acometiendo correctamente las obligaciones jurídicas que recaen sobre la empresa y si es necesario implementar mejoras para garantizar, en todo momento, que el tratamiento de los datos personales es el adecuado.
Bien es sabido que el empleado suele ser el eslabón más débil de la cadena. Por lo tanto, será imprescindible que todos los trabajadores de una empresa que traten en su día a día datos personales de clientes, proveedores u otros empleados sepan las obligaciones que deben cumplir para garantizar un tratamiento correcto y adecuado de dichos datos.
De este modo, podremos evitar incurrir en las importantes sanciones que prevé la nueva normativa y que, dependiendo del caso, pueden ascender a 20.000.000 € o al 4% del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía.
Cuando finalice el máster, y en función de tu titulación de origen, habrás adquirido y desarrollado, entre otras, las siguientes competencias:
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